El presidente del grupo petrolero Hafesa Alejandro Hamlyn López-Tapia y su ex consejero delegado José Norberto Uzal Tresandi se sentarán hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de liderar una trama que defraudó 145 millones de euros por el impago de IVA entre 2016 y 2019. Los dos presuntos 'cerebros' de una red de «operadoras instrumentales» se enfrentan a penas de hasta 53 años de prisión. El juicio mostrará durante las próximas semanas un modus operandi denunciado por los colectivos empresariales de un sector en el que, según las últimas estimaciones, el fraude fiscal se acerca a los 2.000 millones de euros al año.
El grupo Hafesa mantiene su actividad desde 2015 como uno de los «operadores» de combustibles en España y en 2023 llegó a facturar 920 millones de euros. Según portavoces de la compañía, su presidente Alejandro Hamlyn y la propia compañía «han colaborado con las autoridades de este procedimiento» y ha mantenido operativas sus plantas en los puertos de Bilbao y Motril bajo la denominación DBA. La presunta normalidad con la que la dirección de Hamlyn afronta esta vista oral contrasta con las pruebas aportadas por la Fiscalía contra la mayor trama de fraude de IVA en la venta de combustibles de España.
El Ministerio Fiscal pide hasta 53 años de cárcel para Hamlyn y para su ex consejero delegado Norberto Uzal como presuntos responsables de tres delitos de organización criminal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. «La organización criminal no solo estaba diseñada y estructurada para facilitar de manera estable y continuada en el tiempo los sucesivos delitos contra la hacienda pública, sino también para reconvertir o enmascarar los productos de las citadas infracciones penales, dotándolos de apariencia de legalidad», sostiene en su escrito de acusación la Fiscalía. Y no deja dudas sobre el liderazto de Hamlyn López-Tapias y su 'segundo' en Hafesa Norberto Uzal.
La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarcia Civil a las órdenes del juez de Instrucción José Luis Calama constató que entre el 14 de marzo de 2016 y el 20 de septiembre de 2019 desde el grupo Hafesa se articuló un entramado de «operadores instrumentales» y comercializadoras cuyo objetivo era el de defraudar el IVA que sí pagaban los consumidores finales de sus combustibles.
La Fiscalía señala directamente la supuesta responsabilidad de Alejandro Hamlyn en la actividad delictiva al controlar la veintena de sociedades utilizadas que «opacaban» el pago del IVA y que también participaban en «seis ámbitos de ocultación de fondos» utilizados para 'lavar' los 154 millones de euros no pagados a Hacianda.
Las «operadoras instrumentales» que compraban los combustibles al grupo Hafesa y los vendían a las 'comercializadoras' del grupo asumían el fraude millonario del IVA. La investigación judicial ha constatado que los investigados colocaron como administradores al frente de los mismas a personas sin preparación alguna. «Testaferros», como señalan las pesquisas policiales, en las que se mezclan perceptores de ayudas sociales del País Vasco con empleados de panaderías.
El presidente de Hafesa también deberá dar explicaciones de sorprendentes operaciones de compra de las sociedades que había creado en la trama fraudulenta. "Las condiciones estipuladas para la venta de la operadora Arco Fuel Iberia al grupo Hafesa consistieron en el pago de 1,5 millones, 100.000 euros a la semana y el 30% del IVA recaudado", señala la Fiscalía. Una «operativa fraudulenta» que convertiría este 30% del IVA no pagado a Hacienda en ingresos de Hafesa. El juicio del 'caso Hafesa' se inicia cuando el sector reclama cambios legislativos urgentes para impedir un fraude fiscal de hasta 2.000 millones y advierte de las sospechas que rodean a la extensión de las gasolineras low cost.
La compañía de hidrocarburos mantiene que la vista oral permitirá demostrar la inocencia de su presidente y que "desaparezcan los obstáculos" que han lastrado los planes de desarrollo de la compañía. Según fuentes oficiales de Hafesa, desde 2018 ha desembolsado 55,4 millones de euros en impuestos a la Hacienda española y otros 1.200 millones de euros a la Diputación de Bizkaia.